El reciente homicidio perpetrado el 20 de octubre en la plaza principal de Nueva Imperial expone la cara más cruda de una crisis social e institucional ignorada: la descompensación severa de personas con trastornos mentales graves que deambulan por el espacio público sin red de apoyo, sin tratamiento y sin contención.
El agresor —un hombre con antecedentes delictivos, cuadros prolongados de descompensación en su salud mental y registros de reiteradas detenciones— encarna el itinerario de un fracaso estatal. Su tránsito constante entre la calle, la comisaría y las altas médicas exprés refleja la existencia de un circuito perverso en el que la falta de contención médica termina judicializándose o derivando en hechos sangrientos.
Hace más de dos décadas, Chile emprendió un proceso histórico y necesario: el cierre progresivo del modelo psiquiátrico asilar para dar paso a un modelo de salud mental comunitaria. La premisa era clara y justa: no aislar a las personas con padecimiento psíquico grave, sino acompañarlas en sus entornos de vida, garantizando sus derechos, su dignidad y su inserción social.
Sin embargo, la realidad diaria nos demuestra que aquella promesa se quedó a mitad de camino. La transición hacia centros comunitarios de salud mental no vino acompañada del financiamiento, los recursos ni la infraestructura necesaria para responder a situaciones de alta complejidad.
Para comprender cómo se llegó a esta situación, es necesario revisar críticamente los tres grandes supuestos que sustentaron la reforma de desinstitucionalización psiquiátrica de la Ley 21.330 y el cierre de los centros de internación de larga estadía en Chile, como el que existió en Nueva Imperial.
1. El mito de la «red familiar de apoyo»
El modelo comunitario de salud mental partió de la premisa de que todo paciente, tras ser dado de alta de un hospital psiquiátrico o de una unidad de larga estadía, volvería a un entorno familiar o social capaz de supervisar la toma diaria de fármacos, acompañar los episodios psicóticos o alertar a los equipos de urgencia.
- La realidad: En contextos de pobreza extrema, marginalidad y exclusión social, la familia suele estar desestructurada, sobrepasada económicamente o ser derechamente inexistente. Exigirle a un grupo familiar vulnerable que sostenga la conducta errática de una persona en medio de una descompensación es trasladar una responsabilidad estatal a particulares que no poseen las herramientas técnicas ni el soporte necesario. Cuando la red familiar falla o se agota, la «comunidad» termina siendo la calle.
2. La falacia de los «dispositivos sustitutos suficientes»
La teoría de la desinstitucionalización prometía que los grandes asilos serían reemplazados por una red robusta de viviendas tuteladas, residencias protegidas y hogares sustitutos de mediana o larga estadía.
- La realidad: En comunas de zonas vulnerables o periféricas —como Nueva Imperial, Carahue o Puerto Saavedra—, la oferta de residencias protegidas con supervisión médica continua es prácticamente nula en comparación con la demanda real. Se cerraron las camas hospitalarias, pero jamás se financiaron los cupos comunitarios necesarios. El resultado no fue la integración social, sino el desamparo sistemático.
3. La falacia de «la garantía de derechos»
Bajo la bandera razonable de erradicar los antiguos «manicomios» —entornos que sufrían severas deficiencias de infraestructura y episodios de maltrato—, el enfoque garantista en salud mental elevó el derecho a la autonomía del paciente por encima de su derecho a la salud y a la vida.
- La realidad: Negarle la internación involuntaria o de larga estadía a una persona que ha perdido la capacidad de juicio, que padece esquizofrenia y que vive en situación de calle, no es defender su libertad: es condenarla al deterioro orgánico, al abuso de sustancias, al delito o a la violencia. Al impedir —debido a trabas burocráticas o ideológicas— que las familias, los municipios o los equipos médicos puedan disponer la hospitalización prolongada de un paciente descompensado, el Estado incurre en una omisión de auxilio institucionalizada.
El crimen de la plaza de Nueva Imperial no es un hecho aislado, ni tampoco un simple problema de «seguridad pública» o delincuencia común. Es la consecuencia trágica de un modelo de salud mental que desmanteló la contención institucional sin construir las alternativas reales para atender a la población de mayor complejidad.
Mientras el diseño de las políticas públicas de salud siga asumiendo de manera romántica que la pobreza extrema y la psicosis severa pueden resolverse únicamente con controles ambulatorios y buena voluntad comunitaria, las calles seguirán siendo el escenario de tragedias evitables donde las personas con trastornos mentales quedan reducidas a la condición de «peligros públicos» desatendidos.
Cuidar a quien no puede valerse por sí mismo no es privarlo de libertad: es un acto de humanidad y justicia social.