El año 2021 supondrá una vorágine de elecciones y de definiciones que tendrán amplias consecuencias sobre el destino del país y sobre la orientación de su modelo de desarrollo. A la vez, como un sustrato más o menos visible que condicionará esos procesos, permanecerá un grave problema de desempleo.

De acuerdo a las cifras más recientes del INE, se habían recuperado a noviembre de 2020 unos 844 mil de los 1,9 millón de empleos perdidos entre marzo y julio .La etapa más álgida de la crisis sanitaria fue seguida tanto de la relajación progresiva de las restricciones como de la reactivación de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año, fruto de un impulso monetario y fiscal y del retiro de fondos desde las AFP y del uso de los recursos del Seguro de Cesantía para sostener la suspensión de contratos o la pérdida de empleo.

El empleo recuperado representa  el 45% del empleo perdido. La brecha pendiente de colmatar para volver al nivel de empleo del primer trimestre de 2020 es aún de poco más de un millón de puestos de trabajo. Las personas desocupadas que buscan empleo sumaron 954 mil, pero existe otro 1,3 millón de personas dispuestas a trabajar, aunque han desistido de buscar un puesto de trabajo.

La tasa de desempleo total calculada por el INE con estos dos componentes alcanzó un 22,8 %. Los que buscan trabajo sin encontrarlo o bien están disponibles para trabajar suman 2,3 millones de personas. En abril y mayo, los empleos asalariados formales, que realizan más del 70% de la actividad productiva, disminuyeron en 463 mil, de los cuales se han recuperado solo 49 mil (el 10,6 %).

El empleo informal y por cuenta propia ha sido el más afectado por la crisis, con dos tercios de las pérdidas, y a la vez constituye el grueso de los empleos recuperados. Para volver a alcanzar el nivel de ocupación del primer trimestre de 2020, se requiere crear un millón de empleos adicionales.

Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año del último quinquenio (200 mil empleos en 2017), se necesitaría cinco años a partir de 2021 para recuperar los puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2020. Si el ritmo fuera el del año menos dinámico (100 mil empleos en 2016), se necesitaría 10 años para recorrer ese camino. La recuperación del empleo dependerá de la magnitud de la reactivación de la demanda interna y externa y de la magnitud de la contribución del subsidio a la creación de nuevos empleos.

A lo anterior hay que agregar todas las incógnitas sobre el control de la pandemia, con la esperanza de que se logre que 15 millones de personas estén vacunadas a junio contra el COVID-19. Pero a nadie escapará que el rebrote principal a esperar es el de la rebelión social, cuya magnitud entre octubre y diciembre de 2019 sería un error subestimar o considerar como un episodio puntual. El desempleo pesará, junto a otros temas sociales como el acceso a la salud y las pensiones, en las decisiones de 2021 y en el clima general del país. Se ha creado un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar 1,3 millones de subsidios al empleo.

La información del Ministerio del Trabajo indica que entre el 29 de septiembre y el 9 de diciembre unas 40 mil empresas postularon a 265 mil trabajadores a  este subsidio, un 64% de los cuales se dirige a nuevas contrataciones y un 36% a reactivar los contratos suspendidos, actualmente financiados por las cuentas individuales del seguro de cesantía. El bajo número de interesados no hace sino confirmar que las empresas necesitan una perspectiva relativamente cierta de ventas antes de pensar en emplear a nadie, con o sin subsidio. Lo que pone en el tapete la necesidad de un mayor estímulo fiscal con impacto macroeconómico que permita una recuperación más consistente. Pero el efecto microeconómico de este subsidio puede ser solo el de disminuir el costo laboral para las empresas por empleos que se reanudarían o crearían independientemente de su aplicación.

Si el objetivo gubernamental es acelerar el ritmo de creación de puestos de trabajo y sustituir definitivamente el Ingreso Familiar de Emergencia por la vuelta al empleo (programa que dejó de funcionar en octubre pasado), el mecanismo adecuado parece ser el de ampliar con más contundencia los programas de creación directa de empleo en infraestructura, que ya ha visto aumentar los recursos para vivienda. Pero será también necesario poner en marcha nuevos programas de servicios a las personas y de cuidado al medioambiente, de modo de cubrir necesidades sociales insatisfechas y al mismo tiempo crear puestos de trabajo que permitan mantener en actividad a las personas que no encontrarán un empleo formal -cuyo volumen apenas crece- por un período prolongado o se mantendrán en trabajos precarios e inestables por cuenta propia y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

La división de la oposición que se expresa  hoy es el resultado de una concepción que se ha ido expandiendo como un virus: me involucro en política para “conseguir” algo para mí o para mi grupo, si es que lo tengo.

La sociedad y la cultura existen más allá de las estructuras de la economía y de la política y de sus extravíos, y no se domestican tan fácilmente: expresan los avatares imprevisibles de la condición humana, que avanza, retrocede y vuelve a avanzar…”.

La idea de acción colectiva para avanzar en propósitos comunes, en plazos más cortos o más largos, o por último para actuar en alianza con distintos con los que a lo mejor no tengo un proyecto común, pero si ciertos objetivos parciales compartidos en el corto plazo -en virtud de lo cual en lo que no estoy de acuerdo me lo reservo como parte de mi independencia de largo plazo- pues bien, esa idea simplemente ha desaparecido del escenario político chileno.

Quedó atrás la cultura secular de las mancomunales, de los sindicatos clasistas, de los frentes o unidades populares, de las concertaciones para avanzar en conjunto.

Ahora es cada uno para su santo. Solo acepto que los demás me den lo que yo quiero, y lo quiero ahora. Nada de reciprocidades, de puesta en perspectiva, esas son cosas antiguas, con olor a naftalina. Yo y mis intereses primero, yo segundo, yo tercero, en la inflación sin límite de los egos. Lo demás es secundario, no tiene por qué importarme. ¿Pero no es ese el triunfo de la lógica del mercado? ¿El triunfo del neoliberalismo?

Mientras, los dueños del poder oligárquico siguen en lo suyo, probablemente divertidos por estas tribulaciones izquierdistas de trasnoche, porque lo principal es la preservación de su dominio sobre la sociedad y sobre los recursos de la naturaleza. Pero el viejo topo, que sabe cavar la tierra con tanta rapidez, el digno zapador, también sigue en lo suyo. Y por una razón muy simple: la sociedad y la cultura existen más allá de las estructuras de la economía y de la política y de sus extravíos, y no se domestican tan fácilmente: expresan los avatares imprevisibles de la condición humana, que avanza, retrocede y vuelve a avanzar.

Luego de la entrada en vigencia de la ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, a partir de hoy jueves 30 de julio las personas que decidan solicitar sus montos ya podrán hacerlo desde las 9 de la mañana a través de los sitios web que habilitarán cada una de las administradoras.

Debido a la gran cantidad de consultas que ha provocado la normativa, el economista, y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, se refirió pormenorizadamente a los detalles de la ley.

¿Cuánto dinero se puede retirar?

“Si un afiliado tiene $10 millones acumulados, puede retirar el 10%. Si tiene menos de $10 millones, puede seguir retirando el millón, porque es el mínimo. Si tiene menos de un millón acumulado, puede retirarlo todo. Si tiene más de $10 millones, puede retirar el 10% hasta llegar al tope de 150 UF”, afirmó Frigolett en el programa ‘Aquí somos todos’, de Canal 13.

¿Cómo se realiza el trámite?

“Todo el trámite puede realizarse por Internet. Solo se necesita el carnet de identidad. Se pedirá el número de serie de este para verificar que efectivamente quien hace el trámite tiene la cédula a la vista.

“La Superintendencia estableció que todas las AFP deben tener en su página web un sitio especial para que uno entre e, inmediatamente, salga un aviso muy destacado que dirija a la opción de retiro del 10%. Dicho sitio debiera ser confiable si uno ingresa directamente a la web de la AFP.

“En caso de no tener Internet, la alternativa es dirigirse a la sucursal más cercana, en la medida que las normas sanitarias lo permitan”.

¿Cuándo y dónde depositan el dinero solicitado?

“Lo que definirá las fechas es el momento en que se llene la solicitud de retiro de fondos y que esta sea aprobada. De ahí en adelante, hay un plazo máximo de 10 días hábiles para que la AFP haga el depósito.

“Para esto, uno puede pedir realizarlo en una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario, una cuenta corriente, una cuenta RUT, un vale vista nominativo… Todas las modalidades de pago están disponibles”.

¿Es recomendable compartir datos personales por WhatsApp?

“Toda la información que se solicite a través de teléfono celular o correos electrónicos es  un fraude. Las AFP no envían correos para este efecto, solo mails informativos, y lo que esperan es que sus afiliados ingresen a su página web para que ahí hagan todos los trámites que deban hacer. No debe enviarse ningún dato personal, ni de cuentas bancarias por estas vías”.

Si una persona cotizó en el pasado, pero actualmente no cotiza, ¿tiene derecho a sacar su dinero?

“Tiene todo el derecho. Toda persona que tenga un fondo acumulado en una AFP de la plaza, no necesita ser cotizante activo hoy. Solo basta que tenga un saldo”.

Si el afiliado no necesita el dinero ahora, pero tiene un apuro económico en enero, ¿puede optar a esta modalidad de retiro en esa fecha?

“La ley establece que hay 365 días para tomar la decisión de hacer el retiro”.

¿Qué significa que el dinero por este retiro se considere “intangible” para efectos legales?

“Significa que no se puede embargar. Es decir, que si la persona que solicita el 10% tiene una deuda, el organismo con quien la mantenga no puede solicitar la retención del dinero para cancelarla.

“Lo único que puede suceder es que un Juzgado de Familia oficia a la AFP por una deuda de pensión alimenticia o una compensación de divorcio. Esa retención sí operará”.

Si una persona saca el 10%, ¿puede perder los bonos que da el Gobierno?

“Este beneficio no condiciona la entrega de ningún otro que se haya otorgado o que esté por otorgar el Gobierno. O sea, se pueden tener todos los otros beneficios y, además, retirar el 10%”.

La Asociación de AFP, que agrupa a seis de las siete administradoras que operan en Chile, lanzó un sitio web para explicar los detalles del retiro del 10% de los ahorros previsionales. Para acceder, solo se debe ingresar al siguiente link: https://www.mi10afp.cl/

El mito de la caverna de Platón nos permite ver cómo nos encontramos encadenados dentro de una caverna, situación que hace que las sombras que vemos reflejadas en la pared sean aquello que consideramos como real. Es el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. En esta columna describiré cómo son las sombras de la oscura negociación del TPP-11 y las razones del por qué se ha puesto en jaque nuestra soberanía nacional, mediante un nuevo marco legal para la creación de un Gobierno empresarial transnacional.

El TPP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un proyecto valorado como un tratado internacional de comercio, cuyas primeras negociaciones se realizaron en el último Gobierno de Michelle Bachelet, y su contenido, en primera instancia secreto, fue desclasificado por Julián Assange; sí, el hacker creador de WikiLeaks, permitiendo así su análisis y desmitificación de las consecuencias beneficiosas de su firma.

Las implicancias de este acuerdo radican en dos puntos centrales. El primero de estos, es generar una garantía jurídica para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países, lo que en definitiva estabiliza un Gobierno transnacional que sobrepasa la soberanía de las naciones. Y, por lo tanto, somete y domina a los países que lo integran, ya que permite validar la intervención y arbitrajes externos a las normativas propias de un país.

El segundo punto se basa en las implicancias que tiene para la economía nacional, puesto que, si bien un tratado de comercio puede beneficiar al país por el ingreso de cierta industria nacional al comercio internacional, o el acceso a una determinada transferencia tecnológica o a determinados conocimientos o producto de permitir la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en distintas zonas geográficas, nada de ello ocurre para el caso del TPP-11. Muy por el contrario, este tratado está orientado hacia la generación de estadios estables para las inversiones transnacionales. Es más, el fortalecimiento del comercio y el desarrollo económico del país a partir de la firma del TPP-11, es una premisa falsa, porque a diferencia de otros tratados que efectivamente pueden estar orientados a fortalecer el comercio, este no es el caso. Puesto que Chile ya ha realizado tratados internacionales con todos los países que están suscribiendo el TPP-11, entre ellos está Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Por tanto, la realidad es que no van a reducir significativamente los aranceles para nuestras actuales exportaciones, ni va a aumentar el producto interno bruto, según los estudios de la propia Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile.

A lo anteriormente dicho, se le agrega que este tratado no ha estado sometido a una evaluación socioambiental y tampoco ha sido validado mediante una consulta indígena, pasando por sobre acuerdos internacionales firmados previamente como el convenio 169 de la OIT.

Piense usted que a todo lo anterior, se le suma que durante el período de negociación, Estados Unidos realiza un giro respecto de su política de comercio internacional, ya que se orienta a fomentar el proteccionismo respecto de su industria nacional, lo cual implica su controversial salida del TPP-11, evidenciando así que este tratado va en desmedro de la soberanía y la protección de la industria nacional de los países firmantes, siendo un escenario especialmente peligroso para países como el nuestro que no tienen políticas orientadas a la protección de su industria, ni de sus recursos , ni de sus habitantes. A pesar de no beneficiar a la sociedad, nuestro actual Gobierno, insiste en permanecer en este tratado.

Mediante diversos mecanismos se intenta generar la asociación entre el TPP-11 con el crecimiento económico y el desarrollo del comercio. No obstante, gracias a la desclasificación de su contenido, hoy es posible realizar un análisis más certero de sus implicancias.

Implicancias del TPP

En primer lugar, garantizar acuerdos que superan la soberanía de los países, dejan en un segundo plano las realidades locales, y como se manifiesta en este caso, no hubo en ningún momento la intención de promover la participación de la comunidad. Se omite así el deber de haber realizado una consulta al menos a las comunidades indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT. Este hecho constituye una violación a los derechos humanos y una ausencia de democracia económica.

Es necesario entonces, que al momento de generar políticas públicas que afectan a los diversos segmentos de la población, generemos también evaluaciones respecto a sus impactos y no solo se diseñen este tipo de políticas que solo buscan cuidar los intereses de las transnacionales, ignorando el cuidado de la ciudadanía y la soberanía nacional. Por ejemplo, en primera instancia, se hablaba de la inocuidad en relación al medioambiente e incluso al fomento del desarrollo de las mujeres, no obstante, el tratado no menciona ninguna implicancia positiva ni beneficiosa en ninguna de estas dimensiones.

La firma de este tratado de libre comercio obstaculizaría las acciones que apunten a cualquier transformación estructural. Por ejemplo, generar cambios en la Constitución, nacionalizar los fondos de pensiones, generar normativas ambientales distintas a las actuales, modificaciones en el código de aguas, así como también en temas de salud y propiedad intelectual, puesto que una empresa transnacional podría recurrir a un arbitraje internacional si se considera afectada su rentabilidad, impidiendo así la modificación sobre las normas legales.

Gobierno transnacional

En la tragedia griega, la crisis no es el momento en que la gente se da cuenta, sino que la crisis se produce realmente en el momento que se llama el reconocimiento, que es cuando la gente sí percibe las consecuencias de los actos realizados.  El TPP-11 en el fondo es una tragedia griega en el sentido estricto porque la gente no se va a dar cuenta de la gravedad de los hechos hasta que el tratado esté siendo aplicado completamente. Solo entonces se darán cuenta que el pecado que se ha cometido es demasiado grande y desintegrador.

Las concesiones económicas realizadas en el TPP-11 generan una entidad superior de relaciones entre países, con un poder mayor que las propias naciones que lo conforman, al punto que podría ser considerado un mega-Estado que no tiene territorio en un país, ya que se basa en una estructura de relaciones económicas de empresas que trascienden el territorio de una sola nación. En la actualidad, las empresas transnacionales burlan las normativas de los países, no obstante, este tratado genera un marco legal que les permite imponerse a las naciones y es, sin duda, un fenómeno que cambia la lógica del funcionamiento de la economía del planeta.

Una empresa transnacional podrá demandar a un Estado si estima que sus políticas o cambios en las normativas afectan sus expectativas razonables de inversión. En ese caso, la empresa podrá recurrir a un arbitraje internacional, que es un ente privado, dejando las decisiones que soberanamente deben tomar los países en manos de un arbitraje internacional, situación que es lamentable para las sociedades democráticas.

El poder de las transnacionales sobre los estados-nación es cada vez mayor. Esta situación ya es parte de la realidad de la forma en que operan los mercados, no obstante, necesitan generar marcos normativos y legales que les aseguren sus ganancias y el despojo de los recursos de las economías subdesarrolladas.  Al mismo tiempo, este tipo de tratados tienen la finalidad de generar en el futuro mayores estados de acumulación de capital, y para ello necesitan que las actuales condiciones permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, es un tratado con mirada de futuro, en el caso, por ejemplo, de que se produzca un cambio en el ciclo político del continente y los gobiernos de izquierda vuelvan a liderar en la región, creando tratados comerciales para el beneficio de las sociedades. Dada esta situación, los nuevos gobiernos estarían sometidos a trabas legales que les impediría generar transformaciones eficaces.

Por último y a modo de conclusión, los desafíos que se desprenden de este nuevo escenario como país firmante del TPP-11, es que debemos generar transformaciones profundas y estructurales que resguarden los derechos humanos y fortalezcan el desarrollo de las sociedades a nivel internacional. Este cambio se fundamenta en la elaboración de las políticas de cooperación entre los países y en la participación que la comunidad tiene en la construcción política de las sociedades.

Se ha escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en apoyo a su negativa a cualquier tipo de retiro de fondos de AFP, decir que hay que mejorar las pensiones, no disminuirlas. Es una excelente idea. El problema es que con el sistema de AFP no hay manera de hacerlo de manera consistente. Sacar a las AFP y la capitalización individual del corazón del sistema de pensiones no es terminar con la idea misma de seguridad social, sino que es volver a establecerla.

En 1981 hubimos quienes dijimos que la promesa de 100% de reemplazo del sueldo por las jubilaciones a través de la capitalización individual hacia 2020 no funcionaría, ni tampoco la del 70% que otros postularon. Sostuvimos que la continuidad de cotizaciones iba a ser porosa en una economía con mucho empleo informal y que la rentabilidad de largo plazo iba a ser inferior al crecimiento de la masa salarial. Y así ha sido: los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo (algo más de un décimo las mujeres, un tercio los hombres). Esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los futuros jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedió el sistema desde su inicio hasta 2019.

En suma, un fracaso irremediable. El ministro Briones sigue sosteniendo que el ahorro personal debe ser el pilar básico de las pensiones. Eso es persistir erróneamente con un enfoque que en términos empíricos presenta un resultado concreto: las pensiones son bajísimas con una capitalización en las condiciones salariales chilenas y con rendimientos decrecientes de los activos.

Las pensiones no se podrán mejorar hoy en Chile de manera significativa -ni tampoco en el futuro como promete la reforma aprobada en la Cámara de Diputados- con un sistema que siga basado en la capitalización individual. Habrá desde luego un rol de la Pensión Básica Solidaria para evitar que nadie viva en pobreza en la vejez, y eso dependerá de una reforma tributaria. O, en su caso, de un programa serio contra la evasión tributaria vinculado a este fin, que permitiría duplicar el actual gasto fiscal en pensión solidaria y llevarlo al menos al 2% del PIB en plazos razonables.

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales.

Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras serían, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV.

Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente.

En un sistema con este enfoque, las pensiones se pagan de acuerdo a derechos previsionales adquiridos y registrados en la vida activa mediante cotizaciones periódicas. Su monto depende de lo que se recauda, con reservas técnicas para enfrentar las oscilaciones del ciclo económico, distribuido de acuerdo a esos derechos registrados y a las mencionadas compensaciones sociales y de género.

Este enfoque consiste en hacer una reversión de lo impuesto en 1981 en una dictadura, solo que sin la carga de financiar con impuestos las pensiones ya existentes durante décadas. Por construcción, no implica ningún costo fiscal adicional.

El costo fiscal de pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario que complementa las pensiones misérrimas de las AFP es otro tema, que depende de las recaudaciones de impuestos, no de la cotización obligatoria. Obviamente, los bancos y las empresas cotizadas en bolsa sufrirían un impacto: dejarían de disponer de un financiamiento periódico a bajo costo. Pero pueden reemplazarlo sin dificultades insuperables.

La explicación técnica es mucho más larga, pero esto es lo medular, incluyendo que un fondo de capitalización colectiva complemente el sistema con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador que se discute hoy en el Senado, y cuya mitad la derecha insiste en llevar a capitalización individual, lo que mantiene bloqueado el proyecto.

Este aporte adicional debe contribuir a compensar el cambio demográfico. Lo que proponemos es que un sistema contributivo de recaudación y pago sea la base del sistema previsional. Si se pone en marcha a la brevedad, contribuiría, además, a enfrentar la crisis mejorando las pensiones y sosteniendo la demanda de consumo de los hogares.

Se argumenta que la técnica de reparto ya no es viable porque la relación entre el número de trabajadores y los jubilados aumentará a favor de estos últimos por el aumento de la esperanza de vida. Eso es cierto. Hoy existen poco más de 12 millones de personas en edad de trabajar, las que alcanzarán unos 13 millones hacia 2030 y luego disminuirán hasta unos 10 millones hacia 2100. Mientras, los mayores en edad de jubilar son hoy poco más de 2 millones de personas y se estabilizarán en unos 6 millones a partir de 2060, según las proyecciones disponibles. Lo que no es cierto es afirmar que un sistema de reparto no puede adaptarse a esta evolución.

En primer lugar, si los trabajadores aumentan su participación en la fuerza de trabajo, su productividad y sus ingresos (lo que dependerá de otro conjunto de políticas), podrán sostener a más trabajadores jubilados en el futuro que en el presente.

En segundo lugar, dado que el envejecimiento va a requerir de más esfuerzos en materia de pensiones, cualquiera sea el sistema que se utilice, en el caso del reparto el sistema debe incluir modalidades de ajuste de la cotización y de las condiciones de jubilación para asegurar el equilibrio del sistema. Esto lo hacen con éxito los países de altos ingresos que se supone son una referencia para Chile. Cabe recordar que el reparto intergeneracional funciona en la mayor parte de Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etc.) desde fines del siglo pasado y en Estados Unidos desde 1935.

Algunos países, como Suecia e Italia y próximamente Francia, establecieron un sistema de pensiones uniforme según los montos cotizados (cuentas nacionales o sistema por puntos), con compensaciones por razones de equidad social y de género, para evitar la fragmentación de sistemas parciales que suelen ser inequitativos.

Es hora de avanzar en Chile a un sistema mixto de pisos, con una pensión universal pareja financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva y, finalmente, ahorros individuales complementarios y voluntarios con estímulo tributario.

Solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena.