Un 21,6% se redujo el consumo de bebidas azucaradas en Chile. Esa fue la conclusión de una investigación financiada por Conicyt y el Research Council de Reino Unido. El estudio, que evaluó las compras de casi tres mil hogares desde 2011 a 2015, relacionó esta disminución al aumento del impuesto que se efectúo hace poco menos de cuatro años: el importe pasó de 13% a 18 para bebidas con una concentración de azúcar agregada de 6,25 gramos por 100 ml o más.

Para la experta en análisis de los alimentos y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, la baja en el consumo de este tipo de bebidas es “significativa”. Sin embargo, rechaza que ello se deba a la reducción del impuesto. A su juicio, la reducción obedece a la propaganda que se ha hecho a nivel estatal por una salud saludable, lo que se ha sumado a la Ley de Etiquetado. Ambas acciones habrían logrado comunicar a la población respecto a los peligros de consumir alimentos con alto contenido en azúcar.

“Estas son las pequeñas intervenciones que ha logrado la política de salud pública, que informa, de manera persistente, que el consumo excesivo de algunos nutrientes traerá consecuencias que no son beneficiosas para la salud”, afirma. “La reducción se debe más al marco de las políticas públicas que proporcionan conocimiento en la población de los beneficios de una vida más saludable”, insiste.

La académica del  Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos explica que si bien el impuesto aumentó el costo de producir una bebida con azúcar y, por ende, las empresas disminuyeron la producción de estas, facilitando la disminución de su consumo, recuerda que el estudio tampoco detectó un alza importante de sus alternativas directas -“zero” o “light”-. Es decir, la variación no respondería a que las personas se inclinaron por opciones más baratas a causa del importe, sino, derechamente, por otras más saludables, como aguas minerales o saborizadas sin azúcar.

“Diría que ha ido cambiando el tipo de consumo y no tiene que ver tanto por el impuesto, sino porque la industria dispone otros productos para que la gente que se preocupa más de su salud los compre”, afirma. “La baja es significativa, pero la duda que queda es si es efecto del impuesto. Desde mi punto de vista, esto se debe más a que una parte importante de la población ha decidido disminuir el consumo de azúcares en varios alimentos. Debido al alto consumo de bebidas por parte de los chilenos, el foco de la reducción de azúcares pueden haberlo puesto ahí”, concluye.

El alcalde de la municipalidad de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la construcción de un proyecto de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas. Sin embargo, la iniciativa ha sido rechazada por un grupo de vecinos, que esta semana organizó un “cacerolazo”. Entre sus argumentos, plantean que la llegada de estos nuevos moradores podría disminuir la plusvalía del área y convertir el lugar en un foco de la delincuencia.

Al respecto, el arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa, reconoce que el proyecto busca solucionar el problema de la segregación que afecta a las comunas de Santiago. Sin embargo, considera que la iniciativa, en los términos en que está planteada, se encuentra incompleta. 

“No solo se trata de resolver el tema de la vivienda, sino de mejoras de áreas verdes, en la arborización, en los equipamientos deportivos y en los recreativos, para que todos, los nuevos moradores y los vecinos tradicionales del sector, se sientan efectivamente beneficiados”, afirma.

El especialista también advierte que la estrategia de integración debe considerar que estos nuevos residentes deberán resolver problemas de educación y salud, por lo que requerirán instalaciones que cubran estas demandas de acuerdo a sus posibilidades.

Con todo, considera que la iniciativa debiera ser replicada, pero critica aspectos de la arquitectura y construcción de la misma. “No solo hay que resolver la segregación, sino que toda la calidad arquitectónica de nuestras construcciones y desarrollo inmobiliario, que es bastante deficiente y de mala calidad, no solo respondiendo a la normativa sísmica o urbanística. También, a un mejor diseño y utilización de materiales, para no traspasar al residente problemas de aislamiento térmico o acústico”, enfatiza.

Estrategia política

Por su parte, el cientista político y académico del plantel estatal, Dr. Bernardo Navarrete, considera que las intenciones del edil de la comuna del sector oriente de la capital no se encuentran en cautivar nuevamente a los electores de Las Condes.

“Lavín no está pensando en su electorado de Las Condes, sino en nacionalizar su liderazgo toda vez que plantea el tema de la equidad en el acceso”, asegura. “En general, los alcaldes en Chile no son competidores centrales en el juego político, pero él, al plantear un deber moral con aquellos que están en situación de abandono o que no tienen acceso a una vivienda digna en una de las comunas con mayores ingresos en Chile, se anota un punto en la opinión pública que, en general, no tendría otro edil”, explica.

A su juicio, el gesto también podría interpretarse como una señal al electorado de Evópoli. “Lo más lógico e inteligente es pensar que no puede seguir administrando la nostalgia del electorado conservador, sino deberán buscar a nuevos electores con una mayor sensibilidad social”, recalca.

Reacción social

Finalmente, el sociólogo y profesor de la Escuela de Periodismo de la misma casa de estudios, Claudio Avendaño, destaca el espíritu de la iniciativa que, desde su perspectiva, intentaría resolver la segregación socioeconómica de la población, uno de los principales problemas de la capital.

“La segregación social es, en sí mismo, un factor negativo, así como todo aquello que contribuya a amplificar ese efecto”, recalca. “No obstante, estamos en un sistema que genera estas situaciones de segregación y, mientras no se resuelvan las causas que provocan este problema, a nivel sistémico, es poco lo que se saca con reparar las consecuencias del mismo”, afirma.

Para Avendaño, el sistema económico  en Chile ha provocado que la población resalte los valores individuales y relegue aquello que apunte al bien común, y que ello explica la tensión que origina el proyecto en el sector. Sin embargo, subraya que el hecho marca un precedente. “Se comienza a plantear un problema que es necesario discutir en términos más generales, como sociedad”, sostiene.

“Está comprobado que 10 km/h menos de velocidad reduce en más o menos 30% la probabilidad de fallecer en un accidente”, aseguró la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Ello, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley que reduce el límite de velocidad urbana de 60 a 50 km/h.

Para el experto en transportes y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, la afirmación de la titular del MTT es inexacta. “La reducción del límite de velocidad no logrará bajar un 30% las muertes por accidentes”, afirma. “La tasa a la que alude la ministra Hutt está asociada a cambios con respecto a límites más altos, como de 120 a 110 km/h, pero chocar a 60 o a 50 km/h no hace una diferencia tan significativa”, explica.

Según el experto, en velocidades inferiores no se logra bajar tan significativamente las tasas de mortalidad, dada la seguridad que proporcionan los automóviles con las nuevas tecnologías asociadas a los vehículos.

Además, descarta cambios significativos en las calles de las ciudades del país si la implementación de la iniciativa no contempla una fiscalización amplia y permanente. El año pasado, se registraron 1.483 fallecidos en más de 950 mil siniestros.

“La normativa en sí misma no asegura la reducción de estos accidentes”, asegura el académico del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal. “Cuando no hay carabineros en las autopistas controlando el límite de velocidad, lo común es que el automovilista circule en dicho límite o sobre este”, afirma.

Finalmente, destaca que el Ministerio de Transportes anunciara cámaras automatizadas y fiscalización presencial en vías exclusivas, pistas solo bus y corredores de buses. No obstante, hace hincapié en que esto no contempla la totalidad de las calles, por lo que la normativa podría terminar convirtiéndose en “letra muerta” en muchos sectores de la urbe.

“No se verá ningún cambio en las calles de la ciudad. Aunque las personas estén al tanto de la norma, si no hay ninguna otra acción en consecuencia, los conductores volverán a sus comportamientos habituales”, concluye.

“Racismo institucional”. Así calificó la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes a la exigencia que se le hace a la población haitiana de no tener enfermedades infectocontagiosas al momento de arribar a Chile. Esta condición es parte de la nueva visa humanitaria implementada por el Gobierno, que busca que los haitianos residentes en nuestro país traigan a sus familiares.

La Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, concuerda en que esta política implica establecer una diferencia negativa con las personas provenientes de dicho país. “Si se exige, debiera ser una condición para todos. No debiera suponerse que solo los haitianos padecen este tipo de enfermedades”, afirma.

La especialista reconoce que el espíritu de la iniciativa es “valioso y meritorio”, en el sentido de que busca la reunificación familiar de esta población. No obstante, considera que el beneficio se ve “obstaculizado” por una serie de trámites que califica como “absurdos”. “Todos estos trámites se transforman en otra valla para ellos. Si esta población salta un obstáculo, le colocan otra más alta y eso hace imposible que terminen la carrera”, critica.

Los haitianos pueden conseguir esta visa humanitaria enviando una carta notariada a su país, además de conseguir el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y efectuar un pago de US$100.

“No corresponde hacer ese trámite notarial si el individuo está regularizado en nuestro país, con sus papeles al día. Debería obtener inmediatamente la Visa para la reunificación familiar”, afirma la Dra. Norambuena.

En síntesis, la especialista destaca que la señal que da el Gobierno con esto es que no busca favorecer la migración haitiana en Chile. “Pedir esto es desconocer la realidad que vive ese país actualmente, que tiene una economía empobrecida y que, por lo mismo, provoca la migración de su población”, concluye.

La Corte Suprema acogió el recurso en contra de Entel, Movistar y Claro, por acaparar espectro radioeléctrico en la licitación de la banda de 700 MHz, clave para el desarrollo del 4G. "Se ordena a las recurridas desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirido en el concurso de la banda 700”, señala el fallo del máximo tribunal. Según fuentes de la industria consultadas por El Mercurio, la determinación podría afectar a los usuarios de estas firmas, debido a eventuales problemas técnicos que se provocarían al migrar a los clientes de una banda a otra.

Sin embargo, el experto en telecomunicaciones y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Claudio Valencia, descarta que los clientes de estas compañías perciban alguna anomalía en los servicios que ya tienen contratados. “Desde el punto de vista del usuario, no debiera ser tan complicado. Ellos pueden trabajar perfectamente en la banda 2.600 MHz o 700 MHz. El problema es para las compañías, que tendrán que efectuar esa migración, pero los usuarios no perciben estos problemas. Además, las compañías tienen que responder a una cláusula donde se les obliga a entregar el servicio con lo que tengan disponible”, explica.

El especialista insiste en quienes percibirán más fuertemente el castigo serán las empresas, puesto que ya hicieron una inversión asociada a las bandas de frecuencia que tenían. “Los consumidores compran un smartphone que trabaja en las cuatro bandas de frecuencia asociadas a distintas generaciones de teléfono móvil. Por lo tanto, que las empresas hagan el cambio no limita el acceso a la comunicación de los usuarios”, enfatiza.

A juicio del Dr. Valencia, la banda de 700 MHz le da “robustez” a la comunicación móvil, ya que permite a personas que habitan en sectores interiores de ciudades como Santiago u otras de carácter metropolitano puedan acceder a datos a una mayor velocidad. Por lo tanto, considera injusto que solo tres compañías tengan la posibilidad de ofrecer mayores velocidades. “No es que beneficie a otras compañías, sino que les permite el ingreso para que puedan dar servicios de telefonía móvil en esas frecuencias”, destaca.

Por todo lo anterior, concluye que la decisión de la Corte Suprema es positiva. “Me parece que la decisión hace que disminuya el monopolio por parte de estas tres empresas y si se hace como especie de retiro de esas frecuencias, entrarán más competidores, lo que beneficia a los usuarios ya que disminuye el costo por los servicios al introducir una mayor competencia”, sintetiza.

La dificultad para acceder a textos sobre temas geográficos en español, llevó a que el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile ideara maneras de difundir conocimiento.

Una de ellas fue organizar la conferencia Latin American Remote Sensing Week (LARS), donde científicos, académicos, organizaciones y empresas de todo el mundo, expusieron sus trabajos y dieron a conocer los últimos adelantos en el ámbito de la percepción remota.

Otra de estas estrategias fue la publicación de un libro de contenido científico. Para ello, el Servicio se reunió con distintas universidades con el objeto de que cada plantel colaborara con artículos enfocados en la Geomática.

“Intentamos reunir el conocimiento de las instituciones que están trabajando en esta disciplina, su experiencia, lo que están haciendo y generamos el texto con distintas aplicaciones. Lo publicamos y lo lanzamos en la conferencia LARS”, relata la geógrafa y coordinadora general de LARS, Viviana Barrientos.

El objetivo es que la FACH, a través del Servicio Aerofotogramétrico, entregue información para los alumnos y que esté en español, por lo cual, además, el libro será entregado a distintas organizaciones que participaron, así como a bibliotecas. “La idea es que el texto no se venda, no queremos lucrar con esto, sino que se difunda el conocimiento”, agrega la profesional.

Pablo Valenzuela, comandante de escuadrilla del Servicio Aerofotogramétrico y coordinador general de LARS, señala que este texto les sirve para actualizar sus conocimientos, ya que ellos tienen como misión “estar a la vanguardia en los temas de percepción remota y técnicas afines. Nos preocupamos de hacerlo bajo el conocimiento conjunto”.

“El libro son diferentes aplicaciones del área de la geociencia que permiten tomar una idea de determinado autor y aplicarla a su realidad. Nos cuentan una experiencia, estudios, eso para alguien que se dedica a esto puede servir de ejemplo o tratar de replicarlo a otra área y generar conocimiento”.

Aporte del Plantel

La U. de Santiago fue precursora de la Geomática en el país. En este plantel se creó el área y luego ésta se comenzó a adaptar e implementar en otras universidades a nivel nacional e internacional. Este aporte llegó de la mano de los doctores y académicos del Departamento de Ingeniería Geográfica, Dr. Víctor Herrera y José Luis Borcosque.

En esta ocasión, el Dr. Herrera fue el autor del artículo que se presenta en el libro. Su trabajo aborda cómo la Geomática está involucrada dentro de los distintos sectores productivos del país.

“Propuse los trabajos que habíamos hecho antes, principalmente a nivel de pregrado, postgrado y consultorías que se habían hecho en la Universidad y de ahí se seleccionaron dos temas. Uno de incendios forestales y otro del sector de la minería”, explica el académico.

Para el Dr. Herrera, la Geomática “como disciplina que integra tecnología, principalmente GPS, imágenes de satélite y sistemas de información geográfica está vinculada a la parte de teledetección y en eso la FACH tiene mucho que decir”.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reveló que entre enero y mayo se comercializaron 421 unidades nuevas de autos híbridos y eléctricos en Chile, lo que representa un aumento de un 193% en comparación a igual periodo de 2017.

Para el experto en electroquímica y académico de la Universidad de Santiago, Dr. José Zagal, a pesar que las cifras representan una buena noticia, aún están lejos de ser relevantes para provocar una disminución de la contaminación ambiental. Por eso, señala que es necesario generar incentivos para que la venta de este tipo de vehículos avance de manera más rápida, para terminar con el atraso de Chile en la materia en comparación a otros países desarrollados.

“Obviamente, la gente de manera espontánea no se comprará un auto híbrido ni menos eléctrico. Por lo tanto, tiene que haber una política de apoyo e imitar fundamentalmente los países del norte de Europa”, afirma. “Se puede permitir pagar una patente más barata o que una parte del costo del auto sea financiado por el Estado, rebajar el impuesto o impulsar el comodato. Hay muchas fórmulas”, señala.

Este año, las ventas de automóviles híbridos y eléctricos representan solo un 0,25% del mercado total de vehículos en el país. En ese sentido, plantea que otra opción para generar un mayor impacto en la contaminación es impulsar con fuerza el ingreso de buses del transporte público con estas características.

“Tendríamos que partir por la locomoción colectiva, porque los buses están todo el día en la calle, ocho o diez horas al día. Un automóvil particular se usa muy poco y el impacto de este en la contaminación es muy pequeño, comparativamente”, sostiene. “Ahora, si las baterías se recargan con energía proveniente del petróleo, no se evita la contaminación”, advierte.

Finalmente, indica que es más simple mantener un automóvil eléctrico o híbrido que uno que no tenga estas características. “La parte eléctrica es muy fácil de mantener y un auto totalmente eléctrico tiene muchos menos piezas que un vehículo a bencina o petróleo. Por eso es que en Valparaíso aún se ven buses eléctricos que tienen más de 60 años, pero todavía funcionan”, concluye.

Chile cayó tres puestos en la última edición del Índice Atractivo País para Energías Renovables realizado por EY. El país quedó fuera del top ten mundial y quedó en el lugar 11°, lejos del cuarto puesto alcanzado en 2016.

Para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, esto se debe a la incertidumbre que generan los proyectos de estas características en el país.

“Los precios de las licitaciones son muy bajos y existe un poco de recelo respecto a que los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) no se ejecuten en el plazo que en que tengan que ser construidos”, afirma.

De acuerdo al ingeniero civil en electricidad, dicho recelo se debe a que las iniciativas de ERNC se proyectan a largo plazo, lo que deja espacio a que las condiciones cambien desde el momento en que una empresa se adjudicó la licitación.

Por eso, debido al bajo precio con que los oferentes se adjudican el concurso, existe la posibilidad de que estos proyectos queden sin financiamiento a medio camino, explica. En ese sentido, enfatiza que es necesario introducir tecnologías que permitan eliminar la incertidumbre que producen las ERNC.

“Las tecnologías que se necesitan son de almacenamiento de la energía. Como país, estamos en un estado muy incipiente en ese sentido, porque los costos del almacenamiento son muy altos y no rentables para el sector privado, cuando los plazos de retorno son muy a largo plazo”, señala.

Finalmente, asegura que la descarbonización de la matriz energética no es realizable en el corto plazo, porque el sistema no está preparado para ello. Sin embargo, estima que si además de los sistemas de almacenamiento se introducen más interconexiones con países vecinos, la incertidumbre irá disminuyendo progresivamente.

“Es importante que el país recupere su atractivo en ERNC porque  Chile es como el Arabia Saudita de la energía solar. No hay otra región en el mundo que tenga tanta radiación solar como tenemos nosotros. Tenemos mucho potencial en energías renovables, pero para potenciarlas hay que  acompañar el proceso con una adecuada planificación”, concluye.

La Comisión Mixta que revisa el proyecto de Ley de Identidad de Género en el Congreso aprobó la iniciativa que permite a menores de 14 años cambiar su sexo en los registros de los Tribunales de Familia, siempre que cuenten con la autorización de sus tutores legales. Esto, pese al rechazo del oficialismo. “Esto atenta contra el derecho a la identidad que está consagrado en la Constitución”, sostuvo la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

Sin embargo, para el psicólogo infanto-juvenil y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, Rodrigo Báez, la posibilidad de legislar que se abre en el Congreso constituye “un avance muy relevante”, ya que sincera una situación real que viven las personas transgénero y aporta a su propia aceptación, al ser reconocidos por el resto como ellos mismos se perciben. De hecho, considera que no hacerlo les generaría “trabas que limitan su desarrollo”.

“Hay posiciones culturales que dicen que esto no puede ser y que lo ven casi como una aberración, pero es una realidad que viven muchas personas”, insiste el profesional del Centro de Atención Psicológica (CAP) del Plantel estatal. “Se trata de aceptar una condición con la que se viene y se relaciona con la tolerancia por la homosexualidad. Alrededor de 1970, todavía se percibía como una enfermedad, como algo que había que modificar, pero eso ha cambiado”, enfatiza.

Aunque reconoce que una persona que efectúe este procedimiento podría arrepentirse más tarde y llegar a la conclusión de que no es transgénero, considera mucho más importante permitir esa opción que cerrar la puerta a realizar dicho trámite.

“Alguien que quería ser mujer, se operaba y físicamente quedaba como tal, pero las investigaciones señalan que, aun así, las personas transgénero se deprimían después de dicha operación. Ahí hay un concepto errado, porque lo transgénero es una condición en sí misma”, sostiene.

Finalmente, valora que el proyecto contemple la autorización de los tutores, ya que asegura una primera red de apoyo al menor que desea efectuar el cambio registral. No obstante, advierte que también es primordial que los padres sean apoyados por la comunidad, ya que provienen de generaciones distintas a las de sus hijos. 

“Esta es una situación que algunos sectores prefieren frenarla o no verla por un tema personal”, enfatiza. “Es como la votación del aborto en Argentina, donde un diputado señala que no está a favor del procedimiento, pero que su deber de legislar no solo tiene que ver con lo que él cree personalmente, sino con lo que la sociedad necesita”, concluye.

El Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago no contempla recursos para fiscalizar las medidas que propone. Esa fue la situación que transparentó ayer la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar.

Sin embargo, para el experto en contaminación ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, el problema real no es la fiscalización.

“La cantidad de estufas a leña y otros sistemas contaminantes es de cien mil, de acuerdo al inventario de emisiones”, afirma. “Fiscalizar cien mil fuentes pequeñas es casi imposible, independiente del dinero que se disponga”, asegura.

A juicio del especialista, la Intendencia Metropolitana y las municipalidades deben colaborar para enfrentar los episodios críticos de manera particular, identificando a los grupos que más emiten los contaminantes y reunirse con ellos para plantearles soluciones específicas.

“Uno puede hacer un estudio de emisiones en la noche en el sector poniente de Santiago y va a identificar los lugares donde la contaminación es más alta”, señala. “Por ejemplo, si son indigentes los que están quemando leña, la idea es reubicarlos a algún lugar donde tengan calefacción de otro tipo. Las soluciones son muy distintas dependiendo de las circunstancias”, sostiene.

Para el experto, uno de los principales problemas del plan de descontaminación es que no aborda la particularidad de los episodios críticos, que están gatillados por “aspectos específicos, no la ciudad completa”. Según el Dr. Gramsch, esta política está enfocada en plantear soluciones para el problema general de emisiones contaminantes de toda la ciudad.

“El plan está incompleto: aborda bien la solución general, que es disminuir las fuentes móviles, las estufas a leña y bajar las emisiones de las industrias, pero le falta la parte que gatilla los episodios, que son emisiones puntuales que ocurren en la noche en sectores específicos de la ciudad”, sintetiza.